El último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes se despide este viernes con la aprobación de tres decretos en materia de vivienda, igualdad y Brexit.

Mismo puesto, mismo salario. Con el nuevo Real Decreto Ley de igualdad, el Gobierno quiere poner fin a al discriminación salarial por sexos. Una de las medidas que se pondrá en práctica una vez que el decreto entre en vigor es que las empresas con más de 50 empleados estarán obligadas a publicar tablas salariales por sexos accesibles a todos los trabajadores.

Lo hemos analizado en Mercado Abierto, y Carlos Javier Galán, abogado y profesor del máster en Abogacía de la UOC. ""La medida de las tablas salariales por sexos es interesante pero no suficiente, la transparencia ayuda a dar visibilidad pero no debemos depositar muchas esperanzas". Escucha el análisis de los tres decretos en el siguiente podcast.



Entre otras medidas, la ampliación del permiso de paternidad de forma progresiva a 16 semanas hasta equipararlo con el de maternidad para que la maternidad deje de ser "un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres", tal y como ha descrito la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El otro Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo ha sido en materia de vivienda. Son medidas para proteger al inquilino, tal y como resume la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “Vamos a publicar unas listas de precios y los vamos a vincular con la subida del IPC”, ha señalado Calvo.

La vicepresidenta ha anunciado también bonificaciones en el IBI y medidas en materia de desahucios, entre ellas, propiciar que en los procedimientos en curso exista la obligación de comunicar las circunstancias de cada hogar a los servicios sociales “para que ninguna persona se vea en una situación de extrema precariedad”.

En cuanto al Brexit, el Ejecutivo ha anunciado medidas de contingencia ante un posible Brexit sin acuerdo. El primer objetivo se centra en preservar los intereses de los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido y de los ciudadanos británicos que residen en España, que cifra en torno a 300.000. El segundo objetivo: preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre ambos países.