In extremis y a las puertas de que el real decreto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez decayera la Comisión Europea aprueba finalmente la hoja de ruta de España y Portugal para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico.
Una rebaja que se logrará imponiendo un tope al gas que utilizan las centrales de combustibles fósiles. Un limite fijado en los 40 euros por megavatio hora (MWh) durante los próximos seis meses a partir de cuando ascenderá hasta los 48,8 euros.
“La medida se ha aprobado reconociendo que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación”, asegura Bruselas en un comunicado de este miércoles en el que asegura que la medida "está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles".
La denominada como "excepción ibérica" tendrá un coste, según la Comisión Europea, de 8.400 millones de euros: 6.300 millones para España y 2.100 millones para Portugal. Una subvención directa que se pagará a los productores de electricidad para financiar parte del coste del combustible que utilizan.
¿Cómo se financiará?
Este mecanismo se financiará mediante un incremento de las tarifas impuesto por España y Portugal a quienes se beneficien de la rebaja, es decir, los hogares acogidos a la tarifa regulada.
A esto se le sumará el calificado como "ingreso de congestión", es decir, los ingresos obtenidos por el Operador Español del Sistema de Transmisión como resultado del comercio de electricidad con Francia.
La medida entrará en vigor en España este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023. En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica confirma que se comenzará a aplicar en la subasta del próximo martes, 14 de junio por lo que los efectos de la "excepción" ibérica comenzarían a notarse a partir del miércoles 15 aplicándose, de momento, durante el próximo año.