Tras el parón vacacional, el Consejo de Ministros ha vuelto a reunirse para aprobar la primera reforma de las pensiones. No por anunciada, la normativa es menos noticia. En palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, marcará un punto y aparte, "a partir ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones”, decía.
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Lo cierto, es que las pensiones siguen constituyendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad española según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y el “pequeño reajuste” que presagió el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace algunos meses, tampoco ayuda a calmar los ánimos.
Por eso, la ministra de Política Territorial ha querido disipar toda duda. Las prestaciones “siempre se van a poder revalorizar a través del IPC y, en caso de que este sea negativo se mantendrán con el año anterior”.
"Estas medidas vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas", que quedó en la incertidumbre tras la reforma de 2013, añadía Rodríguez. De hecho, este nuevo paquete de medidas implica la supresión de los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por los populares.
Se elimina el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit y el llamado factor de sostenibilidad, remplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, todavía pendiente de aprobación.
Otras claves
Enmarcada en en la recuperación actual, el Pacto de Toledo y el Plan de Resiliencia, "la reforma no va a dejar fuera nadie", ha aclarado la portavoz del ejecutivo.
Así, el anteproyecto de ley también contempla los coeficientes reductores para las prejubilaciones, barajando diversas medidas encaminadas a que se extiendan las carreras laborales.
Es un cambio sustancial, la edad real de jubilación (en torno a los 64 años) se acercará a la legal (66 años). Isabel Rodríguez lo excusaba en el ahorro del sistema, que al retrasar la edad de jubilación, seguirá ingresando cotizaciones y no tendrá que abonar prestaciones.
Por contra, adelantar la jubiliación no saldrá gratis. Quienes se jubilen antes de lo que les corresponde sufrirán penalizaciones mensuales que pueden llegar a suponer un recorte de hasta el 21% de la pensión.
El factor de equidad tendrá que esperar
La que se ha anunciado hoy, solo se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todavía queda pendiente, un grueso importante: el factor de sostenibilidad.
Por aclarar conceptos, el factor de sostenibilidad es una medida correctora que se ha estado practicando en diversos países de la Unión Europea para corregir el efecto de una mayor esperanza de vida.
Su aplicación, trae de cabeza a Gobierno y agentes sociales que se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. En caso de no llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma, aunque no operará hasta 2027.
Factura de la reforma
Tal y como ha adelantado la portavoz, la reforma "entrará en vigor en 2022" , tras su tramitación este otoño, y podrá revisarse de nuevo en 2027. En cualquier caso, se espera que tenga un coste aproximado del 2,5% del PIB a lo largo de los próximos 30 años. Aunque, habrá que estar atentos, el proyecto todavía tiene que pasar el examen del Congreso y "es susceptible de ser mejorado durante el trámite parlamentario", advierte Isabel Rodríguez.