El tratado suprime el 97% de los aranceles sobre los productos europeos, por un valor de unos 1.000 millones de dólares anuales. También elimina diversas barreras no arancelarias antiguas, por ejemplo al incorporar normas internacionales sobre automóviles, y derriba algunos obstáculos para exportadores clave de alimentos y bebidas de la UE a 127 millones de consumidores japoneses.
El comercio anual entre la UE y Japón podría aumentar en casi 36.000 millones euros una vez que el acuerdo se aplique en su totalidad, según la Comisión Europea. El Gobierno nipón estima que su economía podría crecer un 1% al año una vez que hayan desaparecido los aranceles.
Se le ha llamado coloquialmente “el pacto de los automóviles por el queso”, por las grandes ventajas o apuestas que han hecho las dos partes. En el caso de la UE, eliminará el arancel del 10% a los vehículos de pasajeros japoneses de forma progresiva. Por su parte, Japón eliminará los aranceles a productos como el queso, el vino y la carne de cerdo y ternera.
En concreto, el tratado elimina los derechos de aduana japoneses que se aplican a numerosos quesos, como el Gouda y el Cheddar, que actualmente son del 29,8%, así como a las exportaciones de vino, actualmente de una media del 15%. Permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en lo que se refiere a la carne de cerdo, existirá un comercio libre de derechos para la carne transformada y casi libre de derechos para la carne fresca. Además, garantizará la protección en Japón de más de doscientos productos agrícolas europeos de alta calidad, las denominadas indicaciones geográficas (IG) y la protección de una selección de IG japonesas en la UE.
El acuerdo va más allá del comercio de productos y bienes, al garantizar también la apertura de mercados de servicios, en particular los servicios financieros, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y el transporte. Además, facilita a las empresas de la Unión el acceso a mercados de contratación pública de cincuenta y cuatro grandes ciudades japonesas y elimina obstáculos a la contratación pública en el sector ferroviario, de gran importancia económica a nivel nacional.
Por otro lado, protege sensibilidades específicas en la UE, por ejemplo en el sector del automóvil, con períodos de transición de hasta siete años antes de que se eliminen los derechos de aduana.
Sobre los próximos pasos, para hacer balance de los primeros meses de aplicación, en abril de 2019 se celebrará en Bruselas la primera reunión del Comité UE-Japón. Y en cuanto a la cuestión paralela de la protección de las inversiones, continúan las negociaciones con Japón sobre solución de diferencias en materia de normas y protección de las inversiones, y está programada una reunión de los negociadores principales para el mes de marzo.
Como en otros acuerdos comerciales entre grandes bloques, el temor es que beneficie únicamente a las grandes empresas. En el caso de España, hay 6.246 empresas que exportan a Japón y el 92% de ellas son pymes (se pueden localizar en este mapa). Además, 41.138 empleos dependen de estas ventas al país asiático.