Cataluña debe 50.000 millones, el 67% de su deuda que en el 2012 era el 16%. Es una de las conclusiones que ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha anuncia que su departamento recibió el pasado lunes y este miércoles las certificaciones de la interventora de la Generalitat de Cataluña sobre los gastos realizados por el Gobierno autonómico, que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras se había negado a remitir y que anunció que no volverían a enviar.
En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre.
Montoro ha repasado las medidas reforzadas impuestas a la Generalitat ante el reto secesionista, la asunción por Hacienda de los pagos de nóminas y de los servicios básicos fundamentales, así como la no disponibilidad presupuestaria.
Según ha subrayado, para el Gobierno son medidas "proporcionales al riesgo" y al "peligro" de la situación y que se mantendrán por tiempo indefinido, "el que sea preciso" para garantizar el atenimiento a la legalidad vigente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.