Tras el reciente atentado terrorista de Londres, y bajo la influencia también de los anteriores en Francia y Bélgica, surge de nuevo la discusión acerca de la utilización de las comunicaciones encriptadas como medio del que se sirven los delincuentes para cometer sus acciones.
Es más, parece que los ministros de interior de los países integrantes de la UE presionan a la Comisaria de Justicia para que acabe con los privilegios de las empresas que encriptan los mensajes desde principio a fin.
Todo apunta a que a corto plazo veremos acuerdos que podrán suscribir los principales operadores del negocio. La idea es que se comprometan voluntariamente y se pueda recurrir a la misma ayuda que si estuviéramos ante llamadas telefónicas.
A medio plazo veremos normativa que permita investigaciones y obligue a aportar pruebas que delaten y sustenten la condena de los delincuentes. Normativa que tiene que afinar mucho porque la tendencia en materia de privacidad es ser cada vez más exigente. Piensen que un operador que vulnere las reglas podrá ser sancionado con multas de hasta €20 millones o el 4% del volumen total de ventas.
El problema es que no hay una única solución técnica patente ni parece que sirva crear puertas traseras a los actuales sistemas de encriptación porque de hacerlo pueden aprovecharse, no sólo las fuerzas de seguridad persiguiendo delitos, sino también hackers y los propios delincuentes.
Estamos ante un sector muy innovador donde la regulación no es eficaz y esto lo sufrimos todos, los usuarios, el propio operador que tiene grandes dificultades para comercializar los datos, la misma seguridad; todos, repito, menos el delincuente que la disfruta.
Por: Arcadio García Montoro