Todo el mundo sabe a estas alturas que cualquiera de nosotros puede acudir a la justicia cuando de cláusulas abusivas se trata, pero hay más fórmulas que nos protegen, como consumidores. El Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse con respecto a una de ellas: la posibilidad de que la propia administración sancione a las entidades financieras en aplicación de la legislación sobre consumo, tanto nacional como autonómica.

El problema se presentaba porque en Andalucía la administración no podía sancionar a una financiera hasta que un juzgado no declaraba la cláusula como abusiva.

La doctrina del Tribunal Superior de Justicia andaluz impedía que se sancionara a los bancos. Hasta que la propia Junta de Andalucía presentó un recurso contra una sentencia que había anulado cuatro multas de la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.

A partir de ahora, sin embargo, esto va a cambiar y con independencia de que cada ciudadano exija que se estudie su caso, la banca recibirá sus correspondiente sanciones si se vulnera la normativa sobre consumo por estas cláusulas.

Por tanto, mayor protección de los consumidores frente a las entidades financieras, sin perjuicio de que no han de olvidar hacer sus deberes, sus reclamaciones por vía judicial si no logran sus objetivos por vía del mecanismo que instauró el Gobierno y donde a fecha de hoy sabemos que a duras penas reconocen muchas entidades el 50 % de las peticiones.

En conclusión, el Tribunal Supremo apoya las sanciones que la administración pueda tomar para acabar con dichas cláusulas sin necesidad de una actuación previa de jueces y tribunales.