Hablamos de ese tipo de problemas jurídicos que tarde o temprano surgen si un procedimiento no está correctamente hecho, si tiene defectos y que evitó el actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ayer conocimos que el Tribunal Superior de Justicia ha refrendado su posición.
Recuerden que la propuesta dejó en el aire 1750 millones de euros que podrían haberse gastado en la UTE que pretendía desarrollar un complejo en Valdebebas. Y fue precisamente esta unión de empresas la que discutió la Orden de 2015 que cerró el proyecto.
Aunque la gran pregunta que nos hacemos los profesionales de la Justicia es si, a pesar de estos reveses, no convendría concentrar tantos órganos de la administración de Justicia.
El desencuentro se produjo cuando tras las elecciones de 2015 el actual ejecutivo no ratificó la adjudicación de las obras del anterior equipo.
Detectadas infracciones en la preparación de los contratos de concesión, y viendo que no podían subsanarse, decidió desistir. En aquel momento se acabó el Plan estratégico para la construcción del Campus de la Justicia.
Esto supuso un revés en las empresas que querían desarrollar el complejo y acudieron a la Justicia.
En conclusión, se aplica la Orden de 2015 que dictó la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno del Comunidad de Madrid que paralizó la concesión y seguramente veremos un nuevo proyecto que nos facilite las cosas a quienes trabajamos en el mundo jurídico.