Ayer por la tarde acabaron las vistas en el Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea.
Destacamos las certeras palabras de su presidente, que recalcó que no han sido llamados para cambiar el sentido del referéndum, sino para pronunciarse sobre la forma en que el resultado de las urnas puede llevarse a cabo legalmente.
Recuerden que la discusión consiste en si es necesario que el Parlamento apruebe la decisión de poner en marcha el famoso artículo 50.
El caso enfrena a la Primer Ministro Theresa May y los defensores de esta consulta. La primera quiere seguir una agenda que consiste en que a finales de marzo del año próximo se ponga en marcha el mecanismo de inicio de las negociaciones y en dos años se produzca la salida.
Esperamos la decisión sobre si los requisitos constitucionales del Reino Unido exigen el consentimiento del Parlamento para salir de la Unión Europea en aproximadamente tres semanas.
Mientras tanto los partidarios de la consulta a los miembros del parlamento se quejan de recibir múltiples amenazas y de ser declarados enemigos del pueblo. El propio presidente del Tribunal ya tuvo que salir en su defensa el primer día del juicio declarando que han ejercido un derecho fundamental, como es el de acudir a los tribunales en un estado de derecho ("…threatening and abusing people because they are exercising their fundamental right to go to court undermines the rule of law,").
Por cierto, que hay que felicitar a la misma Supreme Court por el esfuerzo por dar transparencia a todas las intervenciones del proceso que pueden seguir los interesados en su página web y a través el siguiente enlace https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
No está claro el desenlace del tema. Además, hay dos cuestiones en juego si la decisión exige el paso por el Parlamento. Primero, comprobar que sus miembros piensan igual que los votantes y segundo, si junto a su participación es necesaria la creación de una ley precisa.
Por: Arcadio García Montoro