Adiós a los ordenadores y tabletas y vuelta a los dictados y los libros. Madrid se despide de las pantallas en las aulas, o al menos, su presencia será mucho más limitada. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciaba el pasado mes de diciembre que trabajaría en un decreto para limitar el uso de dispositivos en las clases y ya trabaja en ello para aplicarlo a partir del curso que viene.
Escucha el A pie de calle de Mercado Abierto con Jorge de Miguel e Ismael Fariñas:
El Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia un decreto que reducirá el uso individual de dispositivos digitales en las clases a partir del próximo curso.
La norma, que afectará a más de 2.000 centros, tanto públicos como concertados, y medio millón de estudiantes, busca limitar los riesgos del uso prematuro de la tecnología y recuperar la esencia de la educación tradicional. Aun así, la Consejería asegura que se garantizará el desarrollo de las competencias digitales según los currículos de la LOMLOE.
Por ello, la eliminación de ordenadores y tabletas no será total, aunque sí quedará restringida. Su uso se limitará a sesiones compartidas, exclusivamente con fines pedagógicos y siempre bajo la supervisión de los docentes. Además, se establecerá un máximo de dos horas semanales, dependiendo de la etapa educativa y la edad de los estudiantes.
Los colegios concertados, en contra
La decisión del Gobierno de Ayuso ha causado polémica en las escuelas concertadas, al incluir una cláusula que muchos interpretan como una "declaración de guerra", ya que impide cobrar a las familias por la compra de portátiles o 'tablets' con fines educativos.
El artículo 120 de la LOE permite a los centros adoptar metodologías propias, siempre que no discriminen ni impongan aportaciones a las familias. Sin embargo, en la práctica, las familias deben abonar una cuota tecnológica que varía entre 300 y 900 euros, dependiendo de si se aporta el iPad o no.
Ahora, el artículo 5 del nuevo decreto establece que los colegios no podrán exigir al Gobierno madrileño fondos adicionales por el uso de estos dispositivos, una medida que choca con los intereses de la educación concertada, que argumenta que afecta a su autonomía.