Las multas dentro de Madrid Central se han reactivado desde este lunes 8 de julio. El alcalde popular madrileño, José Luis Martínez Almeida, dijo durante la campaña que su idea era deshacerse de Madrid Central, y volver al sistema anterior, de Áreas de Prioridad Residencial (Letras, Cortes, Embajadores y Ópera). El primer paso que adoptó en este sentido fue aprobar una moratoria de las multas, pero ahora vuelven a imponerse, después de que el juzgado de lo contencioso Nº 24 de Madrid atendiera a la petición de Ecologistas en Acción y paralizara la moratoria de sanciones por acceder sin permiso.
Ahora Martínez-Almeida, ha reconocido que, aunque en campaña prometieron la suspensión de Madrid Central, tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos su plan es reconvertir el proyecto.
En todo caso, devolver Madrid Central a su estado anterior a la reforma podría salir muy caro, si no se crean otras medidas alternativas que también sirvan para reducir la contaminación en la ciudad. La Comisión Europea activaría un procedimiento sancionador contra España, como ya ha hecho en Francia, Alemania o Reino Unido por incumplimientos reiterados en los niveles máximos de contaminación permitidos.
El año pasado, en mayo, la Comisión decidió excluir a España de este grupo porque consideró que las medidas que se estaban tomando para reducir la contaminación parecían adecuadas (Madrid Central y la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona). Había abierto un expediente contra España por alta contaminación en 2017, pero lo paralizó en 2018. El organismo había detectado tres zonas del país en las que los valores de dióxido de nitrógeno superaban los umbrales permitidos por la unión: Madrid, Barcelona y el área del Llobregat.
El actual Gobierno socialista daba luz verde en el Consejo de Ministros en febrero a su anteproyecto de ley de cambio climático, pero no ha sido ratificado en el Congreso. El texto señala que el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, por lo que insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático. Entre otras, la creación de una zona de bajas emisiones no más tarde de 2023, que en el caso de la capital sería Madrid Central, incluido dentro del Plan A de Calidad del Aire.
Según dijo el gobierno en su momento, implantar esos sistemas ahorró a España una multa de hasta 500 millones de euros.
Es decir, que por un lado Europa nos puede multar. Pero tampoco va a ser tan fácil ponerse de acuerdo entre los partidos de la derecha si llegan a gobernar juntos. Porque mientras PP y Vox sí que tienen claro que hay que revertir Madrid Central, Begoña Villacís lo que lleva en su programa electoral es "mejorar Madrid Central, aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población" y "simplificar la gran complejidad y dificultad para su gestión práctica asociada a los numerosos protocolos diferenciados para el tratamiento de los permisos de acceso".
¿Cuál es el origen de Madrid Central?
Al igual que el plan del Gobierno de Manuela Carmena, ya existía una iniciativa de Ana Botella que contemplaba cerrar el centro a partir de enero de 2015 salvo para los vehículos de residentes y transporte público, si bien apostaba por permitir el tráfico de paso en las grandes avenidas (como la Gran Vía) que ahora también se han restringido. Pero finalmente Botella decidió dejar el plan paralizado, y en mayo de 2015 se produjo el cambio de gobierno.
El plan de Botella tuvo un precedente en 2006. El entonces alcalde, también popular, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso cerrar un área muy similar a Madrid Central que se podría llegar a ampliar incluso a todo el interior de la M-30 si no se reducía la contaminación, pero que finalmente tampoco se llevó a cabo.