España tiene el recibo de la luz en la media europea, pero podría tenerlo entre los más bajos de Europa, según datos de Eurostat. La clave: los impuestos. Son costes tan variopintos como la solidaridad territorial (para que la luz no sea más cara en las islas y en Ceuta y Melilla), las primas a las renovables, los incentivos al carbón nacional (para mantener los empleos en las cuencas mineras), la limpieza de los bosques e incluso hasta el Plan Renove de Tractores. Más de 11.000 millones de euros cargados en el recibo de la luz cada año.
¿Qué otra se podría hacer? Cargarlo en los Presupuestos Generales del Estado. A esta obvia respuesta, los distintos gobiernos han contestado que tal como está ahora va bien. Y se han negado a replanteárselo.
A esto hay que añadirle que España aplica el tipo más alto de IVA a la electricidad, a pesar de ser considerado por el Gobierno como un bien de primera necesidad. Pero no basta con este 21%, se le aplica también el impuesto de la electricidad (un 4,8%). En total cerca de un 26% de impuestos relacionado directamente con la factura. A más gasto más pago por parte del consumidor.
Esta alta fiscalidad también la pagan, sin discreción, los consumidores de menos recursos, a pesar de estar identificados por el Gobierno como consumidores vulnerables y poder beneficiarse de una tarifa con un descuento del 25% (bono social). El tipo de IVA que aplica España al recibo de la luz es superior al de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Irlanda. En Europa, solo nos superan los países nórdicos, con mayor nivel de renta.
Como ejemplo de lo que está pasando con el Gobierno y el recibo de la luz tenemos un caso que le va como anillo al dedo. El mercado de la electricidad funcionaría como una lonja de pescado donde una subasta establece el precio cada día. En el caso del kilowatio, este varía cada hora.
Ahora bien, de igual manera que cuando compramos un kilo de pescado estamos pagando, de forma simplificada, al pescador que lo pesca, al transportista que lo distribuye y a la tienda que lo vende, la factura de la luz incluye el pago por el suministro eléctrico, que es producir esa electricidad, distribuirla a través de las redes eléctricas y, luego, venderla a los clientes. Además, como en el caso del pescado, la factura que pagamos incluye sus correspondientes impuestos (IVA e impuesto sobre la electricidad).
Sin embargo, la factura de la electricidad incluye también el pago de otras cantidades que no están directamente relacionadas con el coste del suministro eléctrico y cuyos importes no van para las empresas eléctricas, sino que sirven para financiar políticas públicas. La cantidad que se paga por estos impuestos y cargas no es nada despreciable, supone más del 54% de la factura final que paga el cliente. Supongamos un hogar que paga una factura por 64 euros. Pues menos de la mitad (29,41 euros) corresponde a su uso de electricidad (al consumo de pescado, digamos). El resto, 44,59 euros, son cargos e impuestos no relacionados con el consumo.