El presidente del Congreso de Brasil autoriza la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, con el objetivo último de su destitución. Eduardo Cunha considera procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales y recuerda que ya había rechazado otras solicitudes anteriores.
En un discurso transmitido por televisión a todo el país, Rousseff dijo estar "indignada" por la decisión de Cunha y aseguró que no existe la menor evidencia de que haya cometido algún ilícito. "No tengo ninguna cuenta en el extranjero", dijo, en una referencia a Cunha, quien está bajo investigación por corrupción y tiene cuentas bancarias en Suiza.
Se espera que el comité de ética de la Cámara Baja abra una investigación contra Cunha la próxima semana con el respaldo del Partido de los Trabajadores de Rousseff. Eso podría conducir a su expulsión mucho antes que puede concluir un proceso de juicio político.
El Partido de los Trabajadores planea apelar a la Corte Suprema para detener los procedimientos de juicio político, que no se espera que sean votados en la Cámara Baja antes de febrero y, de ser aprobados, tardarían otros seis meses en el Senado.
En cambio, el Congreso de Brasil aprueba la nueva meta de déficit fiscal propuesta por el Gobierno para este año, que roza los 31.000 millones de dólares, el 2 % del PIB.