"Esperamos una sentencia que anule el vencimiento anticipado", señala en Capital Radio Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. "Al ciudadano español al que se le ha aplicado esta normativa puede y podrá reclamar al Estado", añade.
Esta semana, el Tribunal Constitucional anuló una sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid, que ignoró la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre una cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario.
El TC ha estimado así el recurso de amparo presentado por un particular, al considerar que se vulneró su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria contra la demandante y otros, y el juzgado procedió a decretar el embargo y requirió de pago a los deudores; posteriormente, la recurrente denunció por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo, extremo que fue rechazado por el juez.
"Cuando la cláusula es abusiva tiene que desaparecer del contrato, no va a ser una respuesta fácil", relata Fernando Navas. El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2018 fue de 59.671, un 1,8 % menos que un año antes, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.
"El problema de España es que nos fiábamos del banco y no ha de ser así, hay que asesorarse", apunta en Conexión Bruselas el consultor inmobiliario y director de Chamberí Asset Management, José Luis Ruiz Bartolomé. "Yo no he dejado de pagar porque sí, me fie de mi banco", añade Guillermo Martínez, afectado y ex director de banca.