El Banco Santander tendrá que pagar un total de 4’5 millones de euros impuestos por el Banco de España por cometer infracciones graves y muy graves tipificadas en la Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Estas infracciones fueron cometidas por el Banco Popular, entidad que adquirió hace dos años el Santander y que ya son firmes por vías administrativas. Se tratan de dos sanciones distintas.
La multa mayor es de 3 millones de euros por incumplimientos a la ley relacionados con compensaciones y comisiones por amortización anticipada y aplicación de cláusulas de redondeo del tipo de interés. El Banco Santander incumplió la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
La otra multa es algo menor, y exige al Banco Santander el pago de 1,5 millones de euros por fallos en la información precontractual. Esta sanción tiene que ver con el incumplimiento de una orden y una circular del supervisor en la entrega y el contenido preceptivo que debe contener la información precontractual y contractual facilitada a los clientes, el cálculo de la TAE y el cobro de comisiones por servicios no prestados.
La entidad abrió los expedientes en octubre del 2018 y ha hecho públicas las multas este miércoles al hacerse firmes por vía administrativa. El banco que preside Ana Botín ha decido recurrir esta sanción ante la Audiencia Nacional. El Santander considera que el traslado de la responsabilidad penal infringe los principios de personalidad de las penas y culpabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Alega, además, que al adquirir el Banco Popular "nació un nuevo Banco Popular, materialmente distinto del antiguo Banco Popular", ya que se dio una ruptura radical gracias a la renovación de los órganos de administración y de alta dirección de Banco Popular y por la inyección de capital para asegurar solvencia y liquidez.