El portavoz de la CE en España, Dimitri Barua, explica en Capital Radio que la normativa que busca dotar de mayor transparencia y seguridad a la comercialización de productos financieros debería haberse adaptado a la ley española en julio de 2017: "Ha llegado el momento de decir al Gobierno que comunique que las medidas van a entrar en vigor cuanto antes".
La iniciativa que acumula un mayor retraso en España es la directiva y el reglamento de requisitos de capital para la banca e instituciones de crédito, que debía haberse introducido en la legislación nacional en diciembre de 2013. Estas reglas fijan los colchones que las entidades deben crear frente a posibles pérdidas, e introduce normas de supervisión, de gestión de riesgos, remuneración o integridad de los directivos. A España también le falta incluir las sanciones que se aplican a las entidades que cometan infracciones graves en la lucha contra el blanqueo de capitales y quienes son las autoridades competentes para ello.
Además de España, han recibido dictámenes motivados por estas leyes Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, esta última solo en relación a una de las directivas.