En 'El Balance', Federico Quevedo entrevista al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Elviro Aranda, para hablar sobre la paralización de las enmiendas por parte del Tribunal Constitucional, con las que el Gobierno de coalición buscaba renovar este órgano y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal que pretendían cambiar las mayorías para los nombramientos de los candidatos al tribunal de garantías con el fin de desbloquear la renovación del órgano, que lleva seis meses caducado. Enmiendas que fueron aprobadas el pasado jueves en el Congreso de los Diputados en uno de los plenos más tensos que se recuerdan, y que quedan en el aire después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera, no sin polémica, el recurso de amparo del PP para paralizar su tramitación como medida cautelarísima.
Para profundizar en el tema, Federico Quevedo entrevista en El Balance a Elviro Aranda, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Aranda explica que, al resolver el Tribunal Constitucional las medidas cautelares que solicitaba el Partido Popular, se tendrán que retirar estos artículos para que el Senado pueda aprobar el resto de la reforma penal.
El catedrático señala que lo ocurrido no tiene precedentes y matiza que el Tribunal Constitucional solo puede actuar en este sentido en caso de que se trate de daños irreparables. El profesor explica que es recurrible en amparo la congruencia de las enmiendas con la actividad legislativa.
Aranda destaca que el problema radica en la actuación cautelar que ha conllevado la paralización de la actividad legislativa que, por el hecho de serlo, tiene ya una presunción de legalidad y constitucionalidad, por lo que se debe presumir que lo que hacen las Cortes es constitucional.
Preguntado por los dos magistrados que votaron en contra de su propia recusación, el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, el catedrático cree que estos deberían haberse abstenido: "Es obvio que tienen una implicación personal".
El origen del problema
Sostiene que la legislación ofrece instrumentos para su resolución, pero lamenta que no llega a término porque se trata de "un problema político que se tiene que resolver con acuerdos de las fuerzas políticas". Asimismo, destaca que "no se puede utilizar a las instituciones como moneda de cambio para conseguir reformas".
El profesor declara que el problema viene de años atrás, pues el CGPJ lleva 4 años con el mandato caducado y las fuerzas políticas "no se quieren poner de acuerdo" para su renovación y, además, critica que los candidatos que se propone son "de dudosa imparcialidad", lo que dificulta llegar a acuerdos. Aranda ve de máxima gravedad que los miembros del CGPJ no lleguen a un acuerdo para nombrar de una vez por todas a sus dos vocales correspondientes, pues asevera que con ello están "incumpliendo la ley".