Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 echan a andar este viernes en el Consejo de Ministros con la definición del techo de gasto. Serán las primeras cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez y concretarán su política económica para un año electoral. En el debate sobre las próximas cuentas se prevé una mayor expansión del gasto con anunciadas subidas de impuestos, especialmente destacadas en Sociedades, después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobara ayer elevar dos décimas el objetivo de déficit público para las comunidades autónomas en 2019, al 0,3% del PIB.

Se traducirá en un incremento de recursos de unos 2.400 millones de euros gracias al voto de las regiones gobernadas por el PSOE, excepto Valencia, que se ha abstenido, frente a la oposición del PP y de Canarias, además de Ceuta y Melilla. El siguiente paso es su ratificación tanto en el Parlamento como en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el temor ahora es que bloquee alguna de las medidas aprobadas.



El acuerdo de estabilidad incluye los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto, que es la parte que aprueba el Parlamento. El techo de gasto, protagonista hoy del Consejo de Ministros, no necesita dicha aprobación, según Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM. "La clave es si Bruselas ve con buenos ojos las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Aunque los presupuestos están elaborados con criterios racionales, cumplir los objetivos implica comenzar con las reformas a más tardar en septiembre", explica.

Las reformas pasan por las modificaciones en los principales tributos, "en impuestos especiales y algún toque a la financiación medioambiental". También espera que "la polémica tasa Google vea la luz en el BOE antes final de año".

Para tranquilidad del contribuyente, Sánchez no tocará el impuesto de la renta. El experto cree que la reforma de Sociedades, de gran potencia recaudatoria, pasará por un límite en las deducciones por amortizaciones, limitar los gastos financieros y en hacer "que las empresas tributen realmente a un mínimo del 15%". "Es un tributo que ya se ha tocado más veces y ha facilitado el cumplimiento de los objetivos a costa de adelantar el pago a cuenta en los últimos años", señala Martín Fernández, aunque reconoce que desde el punto de vista técnico no es tan fácil de implementar.

"La subida de impuestos tiene un impacto negativo en la economía. El problema recurrente es que hay que financiar el Estado de Bienestar y la única opción de financiarlo sin subir impuestos sería que la economía creciera a tasas muy superiores a las actuales, lo que no parece probable", concluye.