También por negarse a colaborar con las autoridades federales para expulsar a los indocumentados y a los que han cometido algún delito. El fiscal general del país, Jeff Sessions, les ha dado un ultimátum: "No sólo estas políticas ponen en peligro la vida de todos los estadounidenses, sino que el pasado mes de mayo, el Inspector General del Departamento de Justicia encontró que estas políticas también violan las leyes federales. El Presidente ha dicho correctamente que este desprecio por la ley debe terminar".
Sessions dijo que las "ciudades santuario", entre ellas varias dirigidas por la oposición demócrata, como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, están obligadas a respetar el estatuto número 1373, que determina que para recibir fondos de origen federal esas jurisdicciones no pueden adoptar normas locales que limiten la comunicación de información sobre la situación migratoria de los individuos.
El también fiscal general apuntó que el polémico estatuto "deja claro que la falta de acción para remediar una violación resultará en el retiro de fondos, fin de la financiación o remoción de la condición para recibirlos".
Sessions recordó este lunes el caso de un inmigrante, que ya había sido expulsado de Estados Unidos cinco veces anteriormente, que terminó involucrado en el asesinato de una joven en la ciudad californiana de San Francisco, una ciudad santuario.
El gobierno del presidente Barack Obama emitió la misma advertencia el año pasado, y dijo a las ciudades que se arriesgaban a perder dinero de subvenciones en 2017 si no acataban la ley.
Mientras tanto, líderes municipales en muchas partes del país prometieron desafiar cualquier represalia. "Nos vamos a convertir en la peor pesadilla de este gobierno", dijo Melissa Mark-Viverito, presidenta del concejo municipal de la ciudad de Nueva York.
