El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado luz verde a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, un camino que ha comenzado hoy con la aprobación del borrador en el Consejo de Ministros y que será entregado el próximo martes día 4 de abril al Congreso de los Diputados.

Números de las cuentas generales estatales que "son prudentes" en sus previsiones, según ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las proyecciones realizadas por el equipo del titular de Economía destaca un crecimiento de la economía española para finales de este año del 2,5%, aunque "es muy prudente", ha recalcado de Guindos. El Gobierno prevé también la creación de 506.000 nuevos empleos para 2017, lo que reducirá la tasa de empleo hasta el 16,6%. " Una tasa inferior en más de 10 puntos al máximo de 2013 y la tasa más baja desde que comenzó la crisis", ha añadido.

Por su parte, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública ha asegurado que las cuentas presentadas hoy al gobierno "permiten que las administraciones públicas puedan cumplir con su objetivo de déficit". Montoro ha trasladado también la intención de recaudar a finales de este ejercicio un total de 200.963 millones de euros

El responsable de los PGE asegura que las cifras de recaudación contabilizadas por la Agencia Tributaria señalan un incremento del 6,7% en enero y febrero, lo que para el ministro avala la previsión y favorece la consolidación de sus cuentas. "Esta cifra es la que tenían las Administraciones hace diez años. Hemos empleado una década en volver a recaudar lo mismo que en 2017", ha destacado el titular de Hacienda.

Entre los gastos detallados en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 5.387 millones de euros irán a parar a la financiación autonómica. Además, se eleva un 7,6% el gasto en Justicia, en 100 millones la partida para Defensa, se destinará a becas un 1,7% más que en 2016, dependencia recibirá 100 millones de euros, I+D+i un 4% más, un 5,5% más para fomento del empleo y 100 millones más para la lucha contra el fraude fiscal.