Esto es lo que sucede técnicamente: se van a amortizar todas las acciones ordinarias del Popular y  también las que resulten de la conversión de instrumentos híbridos de capital, los conocidos como Cocos, y al mismo tiempo se convertirá toda la deuda subordinada en acciones de nueva emisión del propio banco y que han sido adquiridas por Santander por el precio de un euro.

En plata, los accionistas perderán su inversión. Las acciones no tienen valor alguno porque las autoridades europeas las han dado de baja o amortizado. Las pérdidas por tanto las absorben los accionistas y bonistas. Lo explica Juan Luis García Alejo, director ejecutivo de Andbank



Se ha puesto en marcha por tanto el conocido como bail-in, es decir, el modelo de resolución bancaria europea que impone pérdidas a los accionistas y tenedores de deuda y evita así costes para los contribuyentes.

A cierre del primer trimestre, Banco Popular contaba con más de 300.000 accionistas. Pero no sólo pierden los minoritarios, también los grandes accionistas y entre ellos la Sindicatura de Accionistas, Allianz, Credit Mutuel, el grupo Luksic y el inversor mejicano Antonio del Valle, entre otros.

Lo cierto es que los accionistas ya habían perdido la mayor parte de su inversión con el desplome que han sufrido los títulos en los últimos días y que habían dejado los títulos en mínimos históricos, en 0,31 euros por acción.

Demandas de los accionistas

Llegados a este punto, los abogados dan por hecho que las demandas de los accionistas van a llegar. Según Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, argumentos tienen para ello “si fueron a la última ampliación de capital y no había información clara y el banco ya estaba en situación de insolvencia pueden demandar. Un banco no quiebra en unas semanas, se necesitas años para quebrar”

Sin embargo ¿quién será el responsable de hacer frente a esas reclamaciones?. El abogado Fernando Zunzunegui señala que sería el banco Santander porque ahora Popular se convierte en una filial suya. Sin embargo, fuentes del Santander se desligan de estas demandas. Creen que el responsable subsidiario sería el Estado. Por cierto que Ana Botín, ha descartado cualquier tipo de compensación a los pequeños accionistas.