El VIII Premio Hay Derecho ha recaído ex aequo en Consuelo Ordoñez Fenollar por su defensa de la memoria y el acceso a la justicia de todas las víctimas de todos los terrorismos y en Diego Gómez Fernández por su campaña contra la cita previa obligatoria en las administraciones públicas.
Hay Derecho, fundación independiente sin ánimo de lucro que trabaja para defender el Estado de Derecho, el buen funcionamiento institucional y promover la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, ha querido reconocer y visibilizar por octavo año consecutivo la acción valiente de la ciudadanía.
En la presentación de la gala del Premio, Safira Cantos, directora general de Hay Derecho presentó las diez candidaturas y resaltó que este es un premio que no busca la complacencia sino que está guiado por el inconformismo. Es un reconocimiento a quienes actúan contra el abuso de poder, la injusticia, la corrupción o la degradación institucional, si es menester incomodando y arriesgándose.
La politóloga y socióloga Cristina Monge, desveló el fallo del Jurado -que había sido salvaguardado en estricto secreto hasta la gala- e hizo entrega del premio a los galardonados. En su intervención destacó la importancia y posibilidad de la ciudadanía para avanzar en consensos sociales necesarios en una democracia, a diferencia de los partidos políticos que desde su lógica competitiva no están sabiendo o queriendo hacerlo.
Criterio del Jurado
En el caso de Consuelo Ordóñez, defensora de las víctimas y presidenta de la asociación COVITE el Jurado valoró su encomiable labor de investigación y de difusión diaria para que se conozcan las historias de vida de todas las víctimas de todos los terrorismos, alzando la voz ante las pretensiones de utilización política y conduciéndose con independencia de criterio, lo que le ha supuesto enfrentar muchas hostilidades.
Consuelo Ordóñez, sorprendida y emocionada, reveló que nunca había recibido un premio y fue rotunda afirmando que la defensa de ninguna causa política puede justificar atentar contra la vida de un ser humano. Todas las víctimas de todos los terrorismos merecen justicia.
Las víctimas somos un ejemplo de convivencia democrática porque no odiamos, sabemos que el odio conduce a la destrucción. Quiero aportar mi granito de arena para dignificar a las víctimas, que no sean cosificadas detrás de las cifras, que se conozcan sus vidas y la situación judicial. Memoria para que la historia no se repita.
En el caso de Diego Gómez, el Jurado ha puesto de relieve que ha colocado en el centro del debate público la ilegalidad de la cita previa obligatoria y cómo supone una falta de prestación de servicios públicos, que afecta particularmente a las personas de mayor edad o con menos recursos. en situación de mayor necesidad o vulnerabilidad y que no suelen tener las herramientas necesarias para reaccionar y oponerse ante estos abusos, lo que fue facilitado por el premiado, logrando así una presión ciudadana y mediática que ha contribuido a acabar con la obligatoriedad de la cita previa en muchas administraciones públicas.
El premiado subrayó en su intervención que en una democracia es la sociedad civil, la ciudadanía, la que realmente puede exigir a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones.
El jurado del premio, compuesto de forma paritaria por miembros del patronato de Hay Derecho y de otras organizaciones, deliberó sobre las cinco candidaturas finalistas (fruto de la votación popular) que fueron presentadas y puestas en valor por Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho: el periodista Ernesto Ekaizer por su investigación del caso Villarejo y la actuación de la entonces Fiscal General del Estado sobre la fiscalía anticorrupción (libro Jaque Mate: cómo acabaron con el fiscal Stampa); el magistrado Fernando Portillo (Judge The Zipper en Twitter) por su activa labor de divulgación jurídica y su defensa de la independencia del poder judicial frente a la injerencia partidista; el abogado Jose María de Pablo (Chema de Pablo en TW) por su análisis crítico del funcionamiento del sistema penal judicial y cómo afecta a la ciudadanía; además de los galardonados Consuelo Ordóñez y Diego Gómez.
Clausuró el acto el presidente de la Fundación, Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, quien fue muy claro exponiendo que en un Estado social y democrático de derecho no puede oponerse ley a democracia, precisamente solo en la ley puede descansar la democracia y hacer de dique de contención al abuso de poder.
Asimismo compartió la gran importancia e ilusión que para la Fundación Hay Derecho representa este premio, porque frente a la mayor parte de nuestro trabajo que consiste en señalar el abuso y el mal funcionamiento institucional, este acto reconoce y celebra las buenas acciones.
10 candidaturas: fueron también candidatos al premio: Alberto Alarcón - ciudadano activista, la abogada Celia Carbonell por su defensa altruista de inocentes condenados a prisión, Daniel Sánchez Bernal, abogado activista contra el retraso en la justicia, Franciso Jurado, politólogo y director audiovisual por su documental “Polarizados”, la abogada y activista Patricia Fernández (Patuca) por su defensa frente a violaciones de derechos humanos de los poderes públicos.
