Se han iniciado diligencias previas a raíz de la denuncia de la Fiscalía por el deterioro que, como consecuencia de vertidos de la agricultura, sufre el Mar Menor.

Se trata de hechos conocidos mucho tiempo atrás. Denuncian que muchas fincas destinadas al sector agrícola no respetan el medioambiente en el entorno de la laguna, de manera que la propia tierra acaba siendo un elemento contaminante más junto a, posiblemente, nitratos, fosfatos y otros contaminantes.

No solo hablamos de presuntos delitos contra el medio ambiente sino también de prevaricación, tal y como publica el Consejo General del Poder Judicial.

Se investiga a los responsables de la Consejería de Agricultura, por un lado, a la Confederación Hidrográfica del Segura por otro, y a los mismos agricultores que también están en el punto de mira.

El enfoque de las diligencias apunta a quien produce directamente la erosión del suelo, que tiene consecuencias como la desertificación, todo ello fruto de prácticas calificadas como ignorantes e irresponsables que han contribuido a la degradación del ecosistema costero. Y también, a la ausencia de actuación por parte de las autoridades competentes en la ordenación de la materia.

En conclusión,  se abre un interesante caso que no sorprende ni mucho menos tras las continuas denuncias de Cofradías de Pescadores, diversas organizaciones, grupos Ecologistas e incluso Asociaciones de Vecinos. Y seguramente, vaya  acompañado de los hechos investigados por los vertidos con desaladoras ilegales al Mar Menor