¿Deberíamos disponer todos de Internet en el teléfono móvil? ¿Tendría que financiar el Estado dicho servicio, si así fuera, a las compañías que lo ofrecen? Esta es la pregunta que han hecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Son tiempos de crisis económica pero a la par de reivindicación de mínimos sociales y en este sentido también en la telefonía hay obligaciones o logros según seas empresa o ciudadano. Otra batalla legal donde se discute el papel del Estado.

El caso es que desde Bruselas su Tribunal Constitucional plantea al TJUE si la directiva servicio universal se aplica a la comunicación móvil o de abono a internet.

Dos compañías entienden que la obligación de contribuir a la financiación del coste neto derivado de la prestación de servicios de comunicación móvil o de abono a internet es contraria al Derecho de la Unión.

Todos sabemos que la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 7 de marzo de 2002 llama al conjunto mínimo de servicios del que deben disponer todos los usuarios finales servicios universal (Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009).

Esto supone en la práctica que las compañías que superen un determinado volumen de negocios han de contribuir a financiarlo, de la misma forma que se constituye un fondo para dicho servicio universal en materia de tarifas sociales que compensará a los proveedores que hayan de prestarlo sin que suponga una carga injusta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que si bien los Estados miembros han de garantizar la conexión a la red pública desde ubicaciones fijas esto no es así con las comunicaciones móviles. Por lo tanto, está excluida la comunicación móvil del conjunto mínimo de servicios universales definido en la Directiva europea.

En breve podremos ver una Europa con dos velocidades también en esta materia. Porque unos países considerarán obligatorios los servicios de comunicación móvil y los abonos a internet y otros no, pero ha de quedar bien claro que solo las comunicaciones desde teléfono fijo van a ser financiadas.

Arcadio García Montoro. Abogado