El Banco Europeo de Inversiones realizó la primera emisión de bonos verdes en 2007. Diez años después este tipo de inversión ya constituye un nuevo nicho de mercado y, aunque solo representa un 0,2% del mercado total de bonos, su crecimiento es exponencial.

Desde 2014, con la publicación de las primeras guías y recomendaciones, empezaron a incorporarse a este sector bancos, ciudades y empresas industriales de todo el mundo, lo que llevó al mercado de bonos verdes a unos 40.000 millones de dólares. Dos años después se duplica esa cantidad y en 2016 “vemos cifras de 80.000 millones de dólares”, explica Irene Sánchez Aizpurúa, jefa de la División de Relaciones con Inversores del BEI. Añade que fue significativa la entrada de inversores chinos y en este 2017 de los fondos soberanos. En los nueve primeros meses del año “estamos ya en torno a los 80.000 millones” y es un mercado “que crece tanto en la composición del emisor como geográficamente”, según esta experta.

Los bonos verdes funcionan como los bonos ordinarios, con la particularidad de que “tienen un componente adicional de transparencia informativa” al ser bonos destinados a financiar proyectos que tienen algún tipo de beneficio medioambiental. El emisor se beneficia de una mayor base inversora y el comprador del bono verde sabe en todo momento a qué proyectos se destinan los fondos. Además, si bien los precios suelen estar alineados con los bonos ordinarios, una vez en el mercado secundario cuando el bono ya esté cotizando “un bono verde quizá pueda cotizar un poco mejor que uno tradicional ya que al tener un plus de demanda inversora más largoplacista le puede dar más resiliencia en momentos difíciles de mercado”.

Sobre las dudas generadas al calor de los negocios vinculados al cambio climático, en este caso Aizpuría argumenta que “todo lo que contribuye a crear transparencia informativa es bueno para el cambio climático y eso lo están consiguiendo los bonos verdes, ya que cada emisor debe decir a qué proyectos va su dinero y qué es lo que va a aportar. Es un instrumento financiero que permite conseguir una serie de objetivos políticos.