Después de la multa de 2.424 millones de euros impuesta ayer a Google por parte de la UE, la mayor sanción antimonopolio que el organismo ha puesto hasta la fecha, surgen las dudas sobre hasta qué punto las instituciones pueden asegurar la competencia frente a las grandes empresas tecnológicas, que cada vez tienen más poder tanto económico como político. En este sentido, Roberto Espinosa, socio director de LTC Madrid, afirma que esta multa millonaria es "un primer paso" y que es necesario plantearse cambios en la legislación para adaptarla a la nueva realidad de las empresas tecnológicas.
"Las estructuras de defensa de la competencia están pensados para empresas del siglo XX" asegura Espinosa. Explica que los organismos para la competencia de Estados Unidos llevan años detrás de Google, pero que tanto las herramientas que utiliza la empresa, como estas leyes atrasadas, les impiden establecer sanciones. "Muchas de estas empresas ofrecen servicios gratuitos por lo que es difícil argumentar que generen un perjuicio para el consumidor". La mejor forma para Espinosa de poner una solución al monopolio y al uso de los datos, es dar al usuario más poder y proporcionar información sobre a qué terceras empresas ceden sus datos.
Las empresas como Google cada vez tienen más poder y se diversifican más. Sin hablar del poder político que las grandes tecnológicas ganan en Washington y de la presión que ejercen. En este sentido Espinosa afirma que esta diversificación tiene sentido desde el punto de vista de las empresas, pero que "desde el punto de vista del consumidor es terrible" ya que establece nuevas barreras de entrada en los diferentes sectores.
