Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, ha anunciado hoy en el Consejo de Ministros que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura. El ministro de Interior considera que la ley tiene varias "tachas de inconstitucionalidad".

El texto pretende disminuir el número de desahucios en la región y garantizar la vivienda a las familias más vulnerables. Con este objetivo, establece una definición de "vivienda desocupada", unas causas que justificarían esta desocupación y medidas para evitarla.

Entre las medidas aceptadas se encuentra la imposición de un canon a los bancos con viviendas vacías, fruto de una enmienda de Podemos.

La ley fue aprobada en el parlamento extremeño este enero por el Partido Socialista con la abstención de Podemos y Ciudadanos y la oposición del Partido Popular. Se introdujeron más de 60 enmiendas para lograr su aprobación. Durante la votación, tanto la agrupación naranja como los populares advirtieron de que la ley invadía competencias estatales.