El Cambridge Analytica español entra en vigor: así es la nueva ley de protección de datos

El 25 de mayo llegó a nuestras vidas el huracán RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que inundó nuestras bandejas de correos electrónicos. Este viernes entra en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que adapta a la legislación española ese reglamento.

La nueva LOPD ha venido con polémica. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo para aprobar una norma que abre la puerta a enviar “spam” electoral basado en perfiles ideológicos de la ciudadanía. Perfiles realizados con información de redes sociales e internet para crear con ellos bases de datos permanentes. Algo que no se permite a ninguna otra empresa y que era precisamente lo que Europa quería evitar tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Para el abogado experto en derecho de internet, Carlos Sánchez Almeida, el spam electoral en si mismo no es malo: “el problema está en las bases de datos de opiniones políticas que la ley autoriza a realizar y que, desde mi punto de vista, contraviene una larga tradición del derecho español que prohibía expresamente la recopilación de opiniones políticas y la creación de bases de datos ideológicas”.

La adaptación española “retuerce” el reglamento europeo, en opinión de Simona Levi, fundadora de Xnet. Es llamativo también el caso del derecho de rectificación. Se amplía la posibilidad a reclamar más allá del supuesto de que la información es veraz. Es decir, se podrá hacer denuncias basadas en los derechos de honor o intimidad y trasladarlas incluso a los artículos de opinión de los medios. “Lo más preocupante es que la ley da la posibilidad de usar protección de datos para ocultar casos de abusos y corrupción”, apunta Levi.

Por todos estos motivos los dos expertos vaticinan que Europa tumbará la norma española. Sin embargo, el adjunto a la dirección de la Agencia  Española de Protección de Datos, Jesús Rubí, asegura en Entre Líneas que garantizara que la aplicación de la ley no permita la realización de perfiles de ciudadanos o que el envío de propaganda esté basado en perfiles ideológicos.