La demanda considera que el Santander se enriqueció de forma ilícita e "injusta" en la compra del banco Popular. Es la primera acción dirigida en este sentido contra el banco y no contra la Junta Única de Resolución (JUR), que supervisó y aprobó la compra del Popular por un euro debido a su insolvencia en junio de 2017. El documento, al que ha tenido acceso EFE, calcula que el banco de Ana Botín debería haber pagado 4.500 millones de euros.

El bufete Jausas representa a una mujer de 80 años que perdió 50.000 euros en bonos. En su demanda defiende que el banco Popular era solvente, a diferencia de las conclusiones de la JUR. Por otra parte, desmiente que el Santander tuviera que asumir la deuda de 2.030 millones de euros del banco, puesto que fue extinguida tras la compra. Por tanto, adquirió el Popular por un precio "irrisorio", de un euro, a costa del empobrecimiento de los accionistas de una entidad que, según el documento presentado por el bufete, solo tendría problemas de liquidez.

El informe Deloitte, en el que la JUR se apoyó para justificar la insolvencia del Popular, aún no se ha hecho público a pesar de la promesa de Elke König de publicarlo en diciembre. La junta postergó la fecha hasta mediados de enero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado de plazo a la entidad hasta finales de febrero para presentar su defensa completa ante las 51 demandas que ha recibido.