La elección de nuevo presidente en Brasil pone fin a un largo período de incertidumbre política que ha afectado negativamente al sentimiento de los inversores y al crecimiento económico en la mayor economía de América Latina. Está por verse si el nuevo presidente de Brasil será capaz de implementar reformas críticas y urgentes en un entorno altamente complejo.



En mayo, una huelga de transporte de diez días paralizó Brasil, subrayando la creciente frustración con la clase política, la corrupción y las altas tasas de delincuencia. La confianza de los inversores en la continuidad de una agenda favorable a los mercados comenzó decaer entonces, lo que generó una fuerte depreciación del real (25%). Con la elección de Jair Bolsonaro y la probable designación de un economista partidario del libre mercado, Paulo Guedes, como ministro de finanzas, crecen las probabilidades de continuidad de las reformas económicas, pero los desafíos son numerosos.

En el frente político, la nueva Administración se enfrenta a un Congreso profundamente fragmentado, altamente polarizado y poco experimentado. En el nuevo Parlamento habrá 30 partidos en la Cámara Baja y 21 en el Senado. Los partidos de derecha y centro-derecha tienen una mayoría combinada en la Cámara Baja del 60%, suficiente para lograr las tres quintas partes necesarias para aprobar enmiendas constitucionales, pero no todos estos diputados se alinearán con las políticas del nuevo Gobierno.

Bolsonaro es una figura muy controvertida y muchos brasileños están preocupados por los derechos humanos, las libertades civiles y la libertad de expresión bajo su Presidencia. Por lo tanto, es una pregunta todavía sin respuesta si será capaz de construir y administrar coaliciones para impulsar reformas muy necesarias, particularmente aquellas que requieran mayorías constitucionales.

En el frente económico, sus principales desafíos pasan por la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno, elevar las tasas de crecimiento del PIB y mantener la inflación bajo control. El déficit fiscal de Brasil se mantiene alto (7,5% en agosto comparado con el 7,8% al cierre de 2017), elevando la deuda pública al 77% del PIB (74% en 2017).

Con mucho, la medida fiscal más urgente será la reforma de las pensiones, suspendida por su predecesor a principios de 2018. De lo contrario, se superará el límite histórico de gasto público establecido en 2016 y la relación entre la deuda pública y el PIB continuará creciendo. La ausencia de reformas haría regresar las presiones inflacionarias. El alza de los precios ha sorprendido en los últimos meses, alcanzando el 4,5% en septiembre, en gran parte debido a los precios de la energía y la depreciación de la moneda antes de las elecciones.

Crédito y Caución prevé que el PIB real comience a recuperarse lentamente con un crecimiento del 1,1% en 2018 y del 2,3% en 2019. Aunque el crecimiento económico se estancó tras la huelga de los camioneros en mayo, los indicadores recientes sugieren que la economía se está recuperando lentamente gracias a la mejora de la confianza empresarial y del consumidor. Esta recuperación seguirá siendo débil, ya que el desempleo sigue siendo alto (12%) y el comercio exterior afronta los problemas económicos en la vecina Argentina, tercer mercado por tamaño de las exportaciones brasileñas.

La fragilidad de las finanzas públicas no deja espacio para políticas erróneas. Si la nueva Administración no saca adelante la reforma de las pensiones y otras medidas fiscales necesarias en el primer año, las perspectivas se deteriorarán rápidamente. La ventana de oportunidad es muy estrecha, dada la alta impopularidad de estas medidas y la sensibilidad de la confianza de los inversores. La inversión se volverá reacia, el real se depreciaría y los bajos tipos de interés actuales tendrían que ser elevados, lo que sería perjudicial para el crecimiento económico. Dicho esto, la capacidad de absorción de impactos de la economía brasileña sigue siendo fuerte, respaldada por un tipo de cambio flexible, un sector bancario sólido y reservas oficiales muy altas.