El Gobierno de Sánchez ha aprobado este viernes una serie de medidas urgentes para relajar un mercado del alquiler cada vez más tenso en España.

Entre las medidas, ampliará a cinco años (desde tres) el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. Si el arrendador es una persona jurídica, el plazo se extenderá a siete años.

El plazo de la prórroga tácita del contrato, cuando ninguna de las dos partes pide su finalización tras el plazo obligatorio, pasará de uno a tres años, mientras que se limitará la exigencia de garantías adicionales a la fianza a los inquilinos hasta un máximo de dos mensualidades.

El Ejecutivo también permitirá que las comunidades de vecinos puedan limitar la actividad del alquiler turístico de vivienda, por acuerdos con mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios

Algunos expertos consideran que esto encarecerá los alquileres, ya que los propietarios de viviendas pueden sentirse amenazados con unas medidas que no les favorecen. Temen que la oferta sea menor y los precios suban.

El Gobierno, sin embargo, no limitará los precios del alquiler en las zonas más demandadas de nuestro país, teniendo en cuenta el fuerte repunte experimentado en ciudades como Madrid o Barcelona.

El ministro del Fomento, José Luis Ábalos, dice que el Gobierno no contempla medidas de intervención de los precios en el mercado.

Los precios del alquiler en algunas zonas de España han subido con fuerza en los últimos años al calor del repunte de la economía y el turismo mientras se popularizan servicios de alquilar de viviendas como Airbnb, especialmente en grandes ciudades con gran afluencia de visitantes como Barcelona o Madrid.

El encarecimiento de los precios también supone una dificultad añadida para los jóvenes, un colectivo que tiene una alta tasa de paro y a quienes va dirigida en esencia la batería de medidas.