Hoy se ha celebrado en el Congreso la 48 y última sesión de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Los grupos abogan por cambiar esquemas de supervisión y endurecer sanciones para evitar una nueva crisis. Aseguran que los organismos reguladores fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica

Pasaron 5 años desde el rescate hasta que comenzó esta investigación, que transcurre desde mayo de 2017. Por ella han pasado cargos del Banco de España, de la CNMV, exministros como Pedro Solbes, Elena Salgado o Rodrigo Rato, también altos cargos de los bancos rescatados y las cajas quebradas, etc.

Tras más de año y medio de trabajo, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el informe sobre la investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. El documento ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios a excepción de Unidos Podemos y Ciudadanos. Los primeros se han abstenido porque quería que el texto hubiese sido más severo. La formación de Albert Rivera ha votado en contra, por sus discrepancias en relación con la politización a la que responsabiliza de la caída de las cajas de ahorro.

Evitar futuras crisis


En lo que sí ha habido más consenso es en algunas recomendaciones para evitar futuras crisis y mejorar la protección de los clientes financieros, poniendo el acento en la necesidad de una reforma profunda de los organismos supervisores.

Los grupos parlamentarios consideran que el Banco de España y el resto de organismos de supervisión no cumplieron con sus obligaciones para actuar contra la burbuja inmobiliaria y de crédito. En los informes de conclusiones que enviaron todos los partidos a esta comisión todos han coincidido en que los principales organismos reguladores, sobre todo el Banco de España, fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica.

También culpan a los gestores. En particular, en el caso de Bankia. Todos los portavoces parlamentarios han coincidido en condenar la utilización que hizo Caja Madrid de las tarjetas black y por lo que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está en prisión, cumpliendo cuatro años y medio de condena.

Independencia de los supervisores


Otro de los puntos clave de conclusiones es el de mejorar la independencia de todas las autoridades implicadas en la supervisión de las entidades de crédito y establecer procedimientos claros sobre el rol de cada supervisor. El Banco de España ya había solicitado estos días que se garantizase esa independencia.

Además, el documento lamenta que la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, eludiera dar determinados informes a la comisión para esclarecer el proceso de resolución del Banco Popular que fue vendido al Banco Santander por un euro.

Durante su comparecencia, König remitía a los diputados a una web para conocer más datos sobre el caso del Popular. Es por esto que la presidenta de la comisión, Ana Oramas, le recriminó esa actitud, que fue apoyada por todos los portavoces. En general König ha recibido duras críticas de todos los partidos por haber procedido con falta de transparencia.

De las propuestas que han presentado los grupos, se han incluido un 90%. Entre ellas, adoptar medidas para controlar la transparencia y la regulación con determinados productos financieros así como mejorar las labores de supervisión, avanzar en la unión bancaria y crear una autoridad macroprudencial.

Oramas ha insistido en que tras esta comisión hay "un antes y un después" ya que hay "tarea urgente" para cambiar legislaciones y mejorar el funcionamiento de los órganos supervisores. También para proteger a los consumidores hipotecarios.

En este sentido, el informe destaca un hecho muy importante que es el reconocimiento a todos los ciudadanos, abogados o plataformas que durante la crisis económica lucharon por defender los derechos de los ciudadanos e iniciaron diferentes vías judiciales que llegaron hasta el Supremo y hasta Europa y consiguieron modificar la legislación española.