Los programas de visas doradas -residencias y ciudadanías que se otorgan a extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en un país- generan globalmente 13.000 millones de dólares al año. La previsión es que en tan solo dos años más la cifra escale hasta los 20.000 millones de dólares. La ciudadanía se ha convertido en un producto más.



“Los visados dorados serían como un artículo de lujo. Son parte de una industria multimillonaria porque desde que se instalaron este tipo de programas se recibieron miles de millones en los países participantes. Es un comercio de pasaportes y residencias al mejor postor”, apunta Daniel Amoedo, coordinador de proyectos de Tansparencia Internacional España.

Estos programas se remontan a 1984, cuando el primer programa de este tipo apareció en el Caribe, en San Cristóbal y Nieves, y poco después en América del Norte, en Canadá en 1986 y Estados Unidos en 1990. El fenómeno es mucho más nuevo en la Unión Europea, donde la mayoría de los programas se establecieron, ampliaron o renovaron tras la crisis financiera de 2007-2009.

Los estados europeos necesitaban ingresos. Diez años después lideran el mercado con 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias otorgadas en la última década, a un precio medio de 900.000 euros. En países como Grecia se puede obtener por 250.000 euros, en Chipre por 2 millones y en Austria a partir de 10 millones, según el informe European getaway: inside the murky world of Golden visas.

España es uno de los países que más visados dorados ha otorgado desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Emprendedores. A través de inversiones en deuda, acciones o en el sector inmobiliario se han aprobado un total de 24.755 residencias a inversores y sus familias, lo que ha supuesto una recaudación de 976 millones de euros.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, explica en Entre Líneas que cerca del 80% de estas inversiones han ido a inmuebles y el precio medio en nuestro país se sitúa en 650.000 euros. A pesar de las cifras considera que no son lo suficientemente grandes como para tener un efecto económico o fiscal reseñable, ni tampoco sobre los precios y las dinámicas del mercado inmobiliario.

Sin embargo, tanto el informe Transparencia Internacional y Global Witness como el portavoz de los Técnicos de Hacienda apuntan a posibles consecuencias adversas. Recomiendan elevar los controles y procesos para vigilar el perfil de los solicitantes y evitar la creación de redes de corrupción en Europa. Algo sobre lo que ha alertado el propio Fondo Monetario Internacional.

Sobre el perfil de los solicitantes, la mayoría de las visas se han otorgado a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.715), India (3.233) y Venezuela (3.116). “Los ciudadanos extracomunitarios buscan cuál es su mejor opción migratoria con base a las ventajas que pueden obtener. Tienen muchos factores en cuenta, pero lo más importante suele ser la fiscalidad”, explica Ainhoa Manero, abogada especialista en derecho migratorio y colaboradora de Life Abogados.