El Gobierno catalán está convencido de que Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea y de la zona euro en una eventual independencia.
Así lo desvela un documento interno al que ha accedido la agencia Efe, elaborado por la vicepresidencia que dirige Oriol Junqueras y que se ha enviado a las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Este texto asegura que sería necesario crear un Banco Central de Cataluña como autoridad monetaria del nuevo país, con una plantilla de 500 empleados.

El documento asegura que Cataluña difícilmente quedará fuera de la UE y el euro, ya que puede ser expulsada de la Unión Europea pero solo si España la reconoce primero como Estado independiente. Añade que, haya acuerdo o no con España y la UE, la continuidad dentro del espacio económico se puede garantizar a través de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Cuantifica en 500 millones los beneficios que crearía ese banco central.

"Probablemente Europa no ponga la alfombra roja a Cataluña desde un primer momento, quizá Cataluña no se verá representada en las instituciones europeas desde el primer día, pero seguro que se encuentra la manera de no perjudicar ni las exportaciones ni las multinacionales europeas establecidas en Cataluña", asegura el texto.

Para el ejecutivo catalán, el escenario de referencia ante una eventual independencia unilateral, "el más probable y deseable", es la permanencia de Cataluña en la UE, bien de manera automática o después de un proceso de negociación simplificado, y la permanencia en el euro.

Según la vicepresidencia del govern, el Banco Central de Cataluña (BCC), ejercería la supervisión de la solvencia de las entidades financieras, contribuiría al mantenimiento de la estabilidad de precios y actuaría como parte integral del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Entre sus principales funciones estarían la ejecución de la política monetaria, la supervisión del sector y del sistema de pagos, la gestión de divisas, la puesta en circulación de euros o la elaboración de estadísticas.

De hecho, la Generalitat cree que Cataluña podría adoptar un sistema de supervisión 'pilares gemelos', en que hubiera dos supervisores: el BCC y la Autoridad Catalana de Inversiones y Mercados (ACIM), que supervisaría su conducta y aseguraría la protección de los inversores.