El pasado mes de enero, la Fiscalía francesa comenzó una investigación preliminar contra Apple para tratar de dilucidar si el gigante de Cupertino cometía un delito de fraude y ralentización programada en sus iPhones después de los 'apagones' de sus dispositivos.

Francia es uno de los países europeos cuya legislación establece que las compañías pueden pagar multas de hasta un 5% de sus beneficios anuales si acortan la vida útil de sus productos deliberadamente.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ha admitido a trámite la primera solicitud de conciliación interpuesta por una plataforma de consumidores contra Apple Retail Spain por supuestos fallos en sus productos, de los que la filial del gigante tecnológico responderá el próximo 20 de marzo.

Según avanza la agencia EFE, el juzgado madrileño confirma su competencia para conocer la demanda una vez examinados los datos y documentos aportados por un integrante de la Plataforma de afectados de Apple, y "cita a las partes para la celebración del acto, en el que se intentará alcanzar un acuerdo que permita evitar el juicio".